¿FRAUDE SIN FIN?

¿FRAUDE SIN FIN?

Por: Héctor Pineda Salazar*

Culminó el debate electoral y, por razón del menguado apoyo obtenido en la lista al senado de Compromiso Ciudadano por Colombia, retorno a este espacio de la virtualidad escrita (si lo permite la Casa Editorial) en mi condición humilde de ciudadano del común y no como lo había insinuado, en altanero pronóstico, en calidad de senador columnista. Bueno, como dice la frase de cajón, el pueblo emitió su veredicto y a él, no a nuestras propias valoraciones e incertidumbres, debemos atenernos mientras no exista pronunciamiento de autoridad competente en sentido contrario.

Debo decir, sin modestia, que el desbarajuste que se ha sucedido durante el proceso electoral, con denuncias y recriminaciones presidenciales a las autoridades electorales incluidas, lo vaticiné en escrito (que circuló en el internet) bajo el título de “el que escruta elige”. Allí, palabras más palabras menos, se dijo que lo que está sucediendo, irremediablemente, sucedería. Por supuesto, ni adivino que uno fuera, no con el lujo de detalles con que ahora se conoce la dimensión del despelote electoral. Mandatarios locales “metiendo mano” (¿también votos?) para hacer elegir a parientes o candidatos de su preferencia; fajos de billetes (¿narco?) viajando en vuelos fletados repartiendo plata a granel (“ríos de dineros”, dijo el Presidente del CNE); aumento injustificado y desmesurado de votantes en algunas regiones; tarjetones indescifrables (aún para “mentes superiores” gubernamentales) y las inevitables denuncias sobre trashumancia, compra de votos y etcétera.

Desorden, no fraude, han rectificado las autoridades gubernamentales que antes habían calificado la situación der “hecatombe” y de “elecciones ilegitimas”. Fallas administrativas y falta de capacitación a los jurados, afirmaron otros organismos estatales. Indicios de elecciones fraudulentas y constreñimientos en lugares específicos (¿Valle?), opinaron organizaciones de la sociedad civil. Falta de glándulas de escrúpulos, dijeron columnistas. Se reencauchó la parapolítica en cuerpo ajeno, también se dijo. En fin, protestas y voces calificando el “descojone electoral”, entre ellos los candidatos presidenciales, sin llegar a la afirmación, para algunos desmesurada, de fraude electoral.

Comprensible, en mi sentir, que se sea cauteloso en hablar de fraude (definido en el diccionario como engaño, inexactitud consciente) electoral. Y, es comprensible, entre otras, porque el calificativo está ligado a la exacerbación de la violencia. No olvida el país que el desmovilizado M-19, así lo describe la prosa de los libros que relatan su fundación, se originó en el llamado fraude electoral de 1970 o “robo de las elecciones al General Rojas Pinilla”. Entonces, fraude, en el imaginario de varias generaciones, tiene connotaciones de sinónimo de justificación de violencia armada.

Sin embargo, de la Colombia del pasado, sin mecanismos y escenarios para tramitar con idoneidad circunstancias y situaciones excepcionales, al País del hoy con una institucionalidad democrática cada día más fortalecida y, adicional, con una ciudadanía cada día más madura, en mi sentir, no se debe temer llamar al pan pan y al vino vino. Así pues, el desorden, las inconsistencias y la alta vulnerabilidad del sistema electoral, sin eufemismo, bien puede calificarse, sin mentir, de “fraude”.

Seguramente, más allá del calificativo con el cual se bautice o se denomine la situación de desorden del sistema electoral colombiano vigente, como en el pasado reciente, se pondrá de moda hablar de una nueva reforma política, se perorará, hasta el cansancio, sobre financiación estatal de las campañas electorales, se solicitará congelar credenciales, se hablará de responsabilidad de los partidos, en fin, se anunciará, seguramente, que el primer día de la próxima legislatura se radicará una “reforma estructural y de fondo” y, a lo mejor, para algunos escépticos, se aprobará una reforma que, como lo he escuchado desde hace rato, no evitará la endemia del “fraude electoral sin fin”.

ALARGUE: Se abre una nueva esperanza para la liberación de los secuestrados. Ojalá, en esta oportunidad, no se atraviese el interés electoral y aplaste el supremo interés humanitario.

*Constituyente de 1991